«Pronto vamos a tener listo un perfil de convocatoria para fondos argentinos sectoriales en litio y en hidrógeno», prometió Hurtado en un encuentro que organizó el Ministerio de Ciencia y Tecnología bajo el lema: Nuevas tecnologías para la transición energética. La agenda de ciencia y tecnología.
El antecedente de los fondos
Hurtado recordó que los fondos argentinos sectoriales tuvieron un desarrollo importante entre 2010 y 2015 donde financiaron proyectos que ahora «se quiere volver a encender la luz» de ese instrumento.
En esos años el Fonarsec adjudicó financiamiento a centenares de proyectos. «Se trata de la herramienta más sofisticada que logró poner en práctica el país para promover la asociatividad publica-privada».
En busca de un cambio de matriz energética
Durante el debate virtual Hurtado resaltó la oportunidad que presenta para la Argentina la transición energética que se ha encarado en los países desarrollados.
Energía eólica, una de las opciones para transformar la matriz energética de la Argentina que se analizaron en el encuentro.
«Tenemos los mejores vientos en la Patagonia con un factor de carga que iguala a lo que es las eólicas offshore del norte de Europa», dijo el especialista al tiempo que recordó el además «el noroeste está entre las seis regiones con mejor energía solar» y expresó la oportunidad que representa la industria alimentaria y la biomasa.
La transformación de la matriz productiva «no va a surgir de forma espontánea sino que tiene que ser llevado a cabo por una coordinación de prácticas interministeriales, interinstitucionales, poner a disposición instrumentos para generar asociatividad pública-privada», agregó Hurtado.
Los fondos sectoriales son el instrumento central para la implementación de una nueva generación de políticas que intentan fortalecer la vinculación entre el sector científico y tecnológico con el sector socio productivo a fin de contribuir a la solución de problemas sociales y económicos, asegura en su presentación el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
«El objetivo es apoyar la creación de nuevas empresas de base tecnológicas, a través del Programa de impulso a las Empresas de Base Tecnológica: Emprotecno».
El potencial del sector
El potencial del sector quedó reflejado durante el encuentro. «Argentina ocupa el cuarto puesto a nivel mundial. Los números de producción optimistas para el 2025 indican que la Argentina no podría producir más de 125.000 toneladas de carbonatos de litio por año. asumiendo que se concretan todos los proyectos de expansión», dijo la especialista de la Universidad Nacional de Jujuy, Victoria Flexer quien apuntó a la necesidad de mejorar la tecnología extractiva.
Flexer apuntó a la técnica de evaporación que utiliza la industria en la Argentina: «Hoy estamos ante una tecnología que tiene problemas de sustentabilidad ambiental y además tiene el problema de que bombea grandes volúmenes de agua dulce en una zona de escasez de agua»
Por su parte Eduardo Dvorkin , director de YTech, abordó la necesidad de agregarle valor a la materia prima. «En YTech tenemos como objetivo transformar conocimiento científico en tecnología y si bien nuestro centro de gravedad está en el gas y del petróleo tenemos en nuestros laboratorios una planta de procesamiento a escala de baterías de celdas y baterías de litio»
«Necesitamos que el litio que se procesa en la Argentina se vuelva a procesar en la Argentina para evitar exportación de materia prima para importar tecnología», dijo para no replicar lo que sucede con otras materias primas que produce el país.
Junto a socios como UNLP, Conicet, Citedef, «estamos generando una propuesta para desarrollar una planta de tamaño de escala no para competir con las giga plantas de oriente sino para desarrollar nuevamente la tecnología. Para centrar en la Argentina la cadena productiva del litio».
El encuentro contó además con las opiniones de Felix Requejo, investigador del Conicet; Andrea Calderón, del Foro de especialistas del litio y el especialista Ernesto Calvo, entre otros.
Fuente: Telám
]]>“Se trata de un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”, destacó Kirchner tras la presentación del proyecto, según se informó en un comunicado de prensa.
“Se trata de un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”MÁXIMO KIRCHNER
Agregó que “quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas, le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”.
“Este proyecto sirve para mejorar la calidad de vida a los argentinos y argentinas. Está en línea con el compromiso que asumimos en 2019 junto con el presidente Alberto Fernández de buscar alternativas para de a poco», aseveró Kirchner, que tras la presentación mantuvo reuniones junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y autoridades del bloque, con los intendentes de los distritos alcanzados por el beneficio.
Asumió asimismo que este tipo de alternativas para mejorar la vida de los argentinos y argentinas se buscan concretar «aún en un contexto complejo» marcado por la pandemia, «para ir avanzando y salir del infierno» que dejó la anterior gestión de Juntos por el Cambio, y que implica en la práctica «un alivio para el bolsillo» de «usuarios de varias provincias», incluidas 50 localidades bonaerenses.
El diputado del Frente de Todos valoró el hecho de que el proyecto haya sido el resultado de «un trabajo en conjunto entre legisladores y legisladoras de los bloques del Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal».
“Es muy saludable que lo hagamos de manera conjunta con otros bloques y vamos a darle tratamiento lo más pronto posible porque es en beneficio de nuestra gente», dijo el legislador del FDT.
El proyecto de ley
De ser aprobado en el Congreso, el proyecto implica una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas de usuarias y usuarios residenciales, dependiendo su situación de mayor o menor vulnerabilidad, lo que implica un alivio para un gran sector de la población en varias provincias argentinas.
El proyecto beneficiará a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
]]>Las FAE son imprescindibles para asegurar la alimentación eléctrica del equipamiento médico prescrito para preservar la vida y salud de los usuarios y las usuarias electrodependientes. Su provisión inmediata, por parte de las distribuidoras, a los usuarios y las usuarias comprendidas en el marco del régimen de protección que así lo soliciten, está garantizado por Resolución ENRE Nº 544/2017. Pero el Reglamento Técnico prevé exigencias que resultan indispensables a fin de garantizar la adecuada seguridad del servicio eléctrico en sus domicilios. En su gran mayoría, la población afectada aún no ha podido afrontar los costos de las obras mencionadas, con los riesgos en la salud y la vida de los pacientes que ello implica.
Por medio de la Resolución SE N° 315/2020 se establece la creación de una cuenta solidaria cuyo objetivo será financiar las tareas de adecuación de las instalaciones domiciliarias para garantizar la conexión y la seguridad eléctrica, desde la línea de distribución hasta la alimentación del equipamiento médico. Dicha cuenta se integrará con fondos correspondientes a las multas impuestas por el ENRE a las empresas concesionarias de distribución eléctrica, en ejercicio de sus funciones propias y por razones de calidad de producto técnico, calidad de servicio técnico o calidad de servicio comercial, conforme a los respectivos Contratos de Concesión.
La implementación de la medida se realizará en coordinación entre el ENRE, la AAdED, las concesionarias del servicio de distribución eléctrico y los gobiernos municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Presentación de la Resolución
La Resolución fue presentada en una reunión en la Secretaría de Energía de la Nación, que contó con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el subsecretario de Coordinación Institucional, Santiago Yanotti, la coordinadora de Protección de Usuarios y Usuarias y Participación Ciudadana del ENRE, Soledad Manin, el coordinador de Gestión del ENRE, Jonathan Simón, junto a Mauro Stefanizzi, Marcela Gómez y Leila Ruiz, de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED).
“Queremos agradecer al Secretario de Energía. Realmente nosotros estamos muy agradecidos porque en los cuatro años de gestión anterior nunca me han escuchado. El hecho de que hayamos tenido que juntarnos con padres, madres, para redactar una ley también habla de que hubo una gestión que no nos escuchó, que nos condenó a tarifazos que no podíamos pagar. Estar acá es una gran satisfacción”, señaló Mauro Stefanizzi.
El secretario de Energía, Darío Martínez, destacó el trabajo y la perseverancia de la AAdED: “Nosotros agradecemos esta capacidad que tienen de dar visibilidad a temas que implican la ampliación de derechos. Creo que están siendo un ejemplo de eso, pero les pido un favor más: necesitamos replicar esto en todo el país, poder avanzar en las provincias. Es importante que transmitan su experiencia para replicarla. Ayuden a visibilizar que se pudo llegar hasta aquí. Tienen las puertas de la Secretaría abierta”.
“Ahora se inicia la etapa de implementación. Va a ser un trabajo conjunto en el que nos tenemos que comprometer desde la gestión y las organizaciones libres del pueblo”, definió el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.
Soledad Manin señaló: “Esta resolución nos va a permitir implementar una política que beneficia a los usuarios y usuarias que no pueden afrontar los costos de adecuar las instalaciones para que la FAE se pueda instalar en el domicilio y los honorarios de un matriculado para expedir la declaración de conformidad. Es decir defiende a los más vulnerables de un colectivo ya vulnerable”.
“En este tipo de resoluciones se ve la importancia de incorporar a las organizaciones libres del pueblo en la articulación y gestión constante del Estado. Es un paso más que desde el ENRE damos para seguir haciendo cumplir los derechos consagrados de los usuarios y las usuarias”, expresó Jonathan Simón.
Marcela Gómez destacó: “Es una alegría enorme todas las cosas que fuimos consiguiendo. Veníamos golpeando puertas con la fuerza que nos dan nuestros hijos. Muchas veces explicamos la problemática, pero queda en la parte teórica. Encontrar ese compromiso desde el otro lado, es mucho. Ponerse a trabajar con este proyecto es un desafío que asumimos”.
]]>A través de un mensaje emitido a través de las redes sociales, el primer mandatario hizo oficial el anuncio de un proyecto que, como él mismo recordó, había comprometido durante su campaña electoral y también durante su primer discurso ante el Congreso Nacional, en marzo pasado.
«He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida», dijo el jefe del estado.
Explicó que la segunda iniciativa «instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida», explicó.
Fernández subrayó que la criminalización del aborto -que se viene llevando a cabo como política punitiva en Argentina a excepción de los casos descriptos por el Código Penal- «de nada ha servido» y que «sólo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes».
En ese sentido, recordó que «las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas» del actual sistema legal.
«Ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica. Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre», remarcó.
«Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa. La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Sólo resuelve un problema que afecta a la salud pública», añadió.
«La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas»
ALBERTO FERNÁNDEZ
Además, se refirió a la experiencia internacional y citó los casos de Ciudad de México y de Uruguay, dónde la legalización permitió que «disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan».
«El debate no es decirle si o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino», agregó.
Por otra parte, desestimó que la legalización del aborto implique «una carga extra para el sistema de salud», ya que «los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS, son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos».
En lo que refiere al otro proyecto de Ley, el Programa de los Mil Días buscará «bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida».
«Este proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a pagarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años», detalló.
También se extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo (AUE): Hasta la fecha se perciben 6 mensualidades; con este proyecto se extiende a 9 mensualidades, abarcando la totalidad del embarazo, explicó Fernández.
Se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio y se prevé asimismo la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y también para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes.
«De este modo, buscamos establecer un abordaje especial para la detección oportuna de riesgos durante el embarazo, tal como el caso de presunción de trombofilia. Para estos casos se prevé el acceso gratuito a estudios diagnósticos y un modelo de atención específica», agregó el mandatario.
De ser aprobada, la ley también creará el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
«Finalmente, se proponen políticas prioritarias de genero fundamentales para prevenir y detectar de manera temprana situaciones de violencia de género y violencia sexual o abusos en personas embarazadas, niños, niñas y adolescentes», dijo Fernández.
El Presidente cerró su mensaje proponiendo «un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático» parlamentario y pidió cuidar «el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia».
«Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley», concluyó.
Fuente: Telám
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