Luego de una reevaluación del monto de las penas ordenada por la Cámara de Casación Penal, el tribunal también redujo la pena de exjefe de la Policía Federal Argentina Rubén Santos a tres años y seis meses, según consta en el fallo al que accedió Télam.

«Hoy, a casi 20 años de los hechos, el Tribunal Oral Federal 6 definió condenar a Enrique Mathov a la pena de 4 años y 3 meses de prisión, a Rubén Santos a 3 años y 6 meses, y a Norberto Gaudiero a 3 años en suspenso», informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –querellante en esta causa-, a través de su cuenta oficial en la red social.

Mathov, a quien además le dictaron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de ocho años y seis meses, fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, y lesiones culposas en perjuicio de más de 20 víctimas.

El TOF 6 había condenado antes a Mathov a cuatro años y nueve meses de prisión, y a Santos, a cuatro años de cárcel.

En la audiencia para el recálculo de los montos de las penas, desarrollada la semana pasada, la fiscalía y el CELS habían reclamado que se mantuvieran las condenas dispuestas a los principales imputados de los hechos ocurridos en 2001 cuando la Policía Federal reprimió a manifestantes que se habían acercado hasta a Plaza de Mayo para reclamar cambios en la política nacional ante una agobiante situación económica. El TOF 6, integrado por los jueces Néstor Costabel, Sabrina Namer y Rodrigo Giménez Uriburu, condenó además al expolicía Víctor Manuel Belloni a dos años y nueve meses de prisión y a su colega Carlos José López a 5 años y nueve meses de cárcel.

Fuente:Data Judicial

El texto estipula que, frente a las vacantes, se incorporen exclusivamente mujeres hasta llegar a la paridad en todo el Poder Judicial y determina que el género será el que figure en el DNI de los y las postulantes independientemente de su condición biológica, tal como establece la Ley de Identidad de Género.

Durañona explicó que “es necesaria una reforma integral de la justicia y también garantizar la paridad entre los géneros en la representación y en los cargos jerárquicos”. “Hoy, el Poder Judicial no es un sistema verdaderamente democrático y esta equiparación podría eliminar los privilegios y concepciones que, en general, dan lugar al mal funcionamiento”, precisó.

Para Durañona, “el Consejo de la Magistratura en particular y el Poder Judicial en general no consagran la paridad en la distribución de los cargos jerárquicos” y sostuvo que “es por ello que este proyecto se orienta a generar acciones positivas que tiendan, como en el resto de los poderes, a la igualdad real de oportunidades entre los géneros”.

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La División Capturas y Búsqueda de Prófugos de la Policía de la Ciudad llevó a cabo una minuciosa investigación para dar con el paradero del prófugo por sobre quien caía un pedido de captura ordenado en noviembre de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11, a cargo del doctor Laurentis y ante la Secretaría de la doctora López.

Así las cosas, el personal policial logró dar con la pista del posible domicilio del fugitivo y se apostó en inmediaciones del lugar con el objetivo de dar con el buscado. Finalmente, los efectivos lograron divisarlo en la vía pública en cercanías de la vivienda donde fue inmediatamente detenido para luego ser trasladado a la Comisaría Primera de Florencio Varela, donde el Juzgado de Garantías de turno autorizó la derivación del imputado al ámbito porteño para presentarse ante el Tribunal interventor.

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En este caso, se trató de una medida cautelar colectiva por la cual el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº17 de La Plata, a cargo de Sandra Nilda Grahl, obligó a las empresas FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y FCA Automóviles Argentina S.A. a reducir a la mitad el importe de las cuotas de estos planes para los y las consumidores de la Provincia.

Además, ordenó modificar el valor de las cuotas en base a un cálculo sobre todos los ítems que la componen a excepción de los correspondientes al seguro de vida y el seguro del automotor, y fijar el valor móvil del vehículo en el precio de lista vigente, estableciendo como único aumento de allí en adelante el porcentaje de inflación mensual que publique el INDEC.

La novedad que introdujo esta sentencia es que es de carácter colectivo, cuando los fallos de este tipo que se habían emitido hasta el momento eran de carácter particular. El Juzgado entendió que los distintos afectados denuncian un hecho o conducta única a las demandadas que consistiría en el fraude masivo por infracciones legales y contractuales y que afectaría patrimonialmente a todos los usuarios bajo esta modalidad. “Este daño masivo radica en el diseño por parte de las empresas de una ingeniería jurídica que consiste en generar una estrategia fraudulenta en la fijación de precios y colocación de unidades desde una decisión común bajo el ropaje de dos personas jurídicas formalmente diferentes, pero que en realidad pertenecen al mismo grupo empresario”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En esa línea, explicó que “se trata de un freno a la administración negligente de las administradoras, que afectan de manera directa los intereses económicos de las y los consumidores”.

“Es una práctica a la que nos quieren acostumbrar”, dijo Mena por Radio 10, y recordó que “durante los últimos años del gobierno de (Mauricio) Macri se persiguió y escrachó jueces, y en algunos casos se invitó a escrachar a sus hijos en los colegios y a sus familiares», por lo que «se pasaron todos los límites”.

Mena opinó que la sociedad argentina “generó los anticuerpos necesarios y en gran parte no se prende en estas cuestiones”, aunque consideró que “lo de ayer no deja de ser lamentable”.

“Uno no puede dejar de relacionarlo con el fogoneo que están generando, incluso en este año en el marco de la pandemia, no dejan de azuzar el fuego de generar marchas, protestas y ahora directamente escraches personales en los domicilios de los funcionarios públicos”, aseguró el funcionario.

“Son límites que no debemos dejar traspasar”, manifestó Mena, y recordó que “se lo hicieron a la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa)”.

Al referirse a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli -cuyos traslados fueron rechazados por el Senado y cuya situación será resuelta por la Corte Suprema- aseguró que «hay que dejar que la Corte resuelva tranquila, como ha hecho siempre”.

Mena dijo que la revisión de los traslados de estos magistrados “son trámites para reordenar procedimientos irregulares que había hecho el gobierno de Macri”.

El viceministro de Justicia afirmó que “durante el macrismo se efectuaron traslados que no cumplían con la ley» porque «se trasladaban jueces que habían concursado para un cargo, a un cargo distinto”.

“Eso hizo que la Corte emitiera en 2018 dos acordadas en las que se estableció que se puede trasladar jueces con tres requisitos: misma jurisdicción, función y jerarquía y competencia material”, concluyó.

Fuente: Telám

Ambas iniciativas buscan que la Corte Suprema intervenga para mantener en sus puestos a los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. La primera de ellas lleva acumuladas 172.322 firmas, mientras que la segunda suma otras 70.058 adhesiones.

“Señores Ministros de la Corte, tienen en sus manos la oportunidad de demostrarle a la sociedad que ustedes actúan en defensa de la República y de los derechos constitucionales de la gente”, advierte una de las solicitadas.

Entre sus argumentos sostienen que la Cámara de Senadores de la Nación y el Consejo de la Magistratura, “ambos con mayorías K», “han articulado una maniobra para desplazar” a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y a Castelli, del Tribunal Oral Federal N° 7 de Comodoro Py.

De esta manera, los magistrados presentaron amparos para que se declare inconstitucional el proceso para revisar sus traslados. Señalaron que se hicieron cumpliendo con la normativa vigente, que una acordada de la Corte Suprema avaló que no debían pasar por el Senado de la Nación y que la única manera de desplazarlos de sus cargos es con un fallo judicial.

Los tres jueces de este modo no se presentaron hoy en los lugares donde fueron trasladados por decreto y pidieron licencia. Un modo de obtener – a falta de una sentencia judicial de la Corte- una respuesta -por vía administrativa- sobre su futuro laboral.

Mientras tanto, y con este escenario de fondo, la Corte Suprema de Justicia se reunirá mañana para analizar las alternativas del caso y no se descarta una decisión, aunque menor, no sobre el fondo del problema.

Respecto del pedido de per saltum que realizaron los tres magistrados al máximo tribunal, expresaron que los ministros de la Corte “tienen en sus manos la oportunidad de demostrarle a la sociedad que actúan en defensa de la República y de los derechos constitucionales de la gente; si fallan de acuerdo a derecho, será la gente quien defenderá sus investiduras, de ser necesario. Si por el contrario le dan la espalda a la gente, ustedes también quedarán a merced de este Gobierno que, paso a paso, avasalla la República y a quienes se les opongan».

«El rol de la justicia es central, es en la que en los últimos meses ha resuelto en la inmensa mayoría de los casos», dijo Frederic en diálogo con la radio online FutuRöck.

Señaló que en estas resoluciones judiciales, hasta el momento se determinó «la custodia» de estas tierras y «en ningún caso el desalojo».

La ministra afirmó que estas tomas son «ilegales», pero también que los usurpadores «no son considerados delincuentes» debido a que se reconoce «el enorme déficit habitacional que existe de unas 4 millones de personas».

Además, sobre la posibilidad de que haya personas involucradas que lucran con la cesión de estos terrenos a familias, la funcionaria explayó que, «cuando aparezca esa información, es necesario que se realicen las denuncias judiciales» correspondientes, porque por esa vía se «habilita la investigación de los hechos y se determina veracidad jurídica» de las denuncias.

«De lo contrario contribuimos a crear un clima que pone sombras sobre cualquiera», planteó la ministra.

Fuente: Telám

«La justicia interviene y toma la decisión de que las fuerzas federales realicen determinadas acciones de custodia o desalojo» de los predios involucrados en usurpaciones, expresó la antropóloga.

La articulación entre Poder Judicial, @PFAOficial (@MinSeg), @AFIPcomunica e @YPFoficial permitió desarmar una estructura criminal que cometía delitos ambientales y económicos. Investigación y actuación contra la delincuencia organizada. 23 detenidos a disposición de la Justicia. pic.twitter.com/dfvvqDC3l8

— Sabina Frederic (@SabinaFrederic) September 3, 2020

«Hay una coalición que gobierna», por lo que existen distintas posturas. «Hemos desde hace un mes y medio avanzado en una nueva fase del apoyo en seguridad a la provincia de Buenos Aires», informó

Fuente: Telám

Para cumplir con dicho propósito se contempla la realización de actividades, proyectos, capacitaciones y la informatización y digitalización de canales administrativos, entre otras iniciativas en común. En relación a ello, y en base a los actuales desarrollos informáticos, el acuerdo prevé la integración de los sistemas de gestión de ambas instituciones a través de la utilización de los actuales adelantos tecnológicos.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires